Tras el reciente cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no da tregua y revela que tiene en la mira dos organismos de mayor envergadura, a los que denomina "súper Inadi". Aunque evita revelar sus nombres debido a investigaciones en curso, se insinúa que estas oficinas podrían enfrentar acusaciones de fraude patrimonial y desvío de fondos del estado. Este anuncio profundiza la política de ajuste del ministro y plantea nuevas interrogantes sobre la eficiencia y transparencia de organismos gubernamentales.
Cúneo Libarona asegura que el cierre del Inadi es solo el comienzo de una serie de medidas de ajuste. Los dos "súper Inadi" bajo auditoría podrían enfrentar denuncias por fraude patrimonial y desvío de fondos, a diferencia del Inadi, cerrado por excesivo gasto público y baja eficiencia. A pesar de la falta de detalles, se espera que estas acciones refuercen la política de austeridad y transparencia en los organismos gubernamentales.
El ministro destaca la ineficiencia del Inadi, con 416 empleados que superan al personal dedicado a investigar robos y homicidios en la Justicia de Instrucción de Capital. En lugar de desmantelar el Inadi, se establecerá una nueva planta más eficiente y limitada en el Ministerio de Justicia. Cúneo Libarona enfatiza que las funciones del Inadi continuarán, pero ahora de manera más efectiva, con un protocolo de denuncias más riguroso y plazos establecidos.
Creado en 1997 por el expresidente Carlos Menem, el Inadi ha pasado por varias intervenciones y cambios de liderazgo. A lo largo de los años, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, y su cierre reciente ha sido impulsado por el actual gobierno. La decisión ha generado reacciones mixtas, destacando la necesidad de una revisión profunda de la función y eficacia de estos organismos gubernamentales.
El cierre del Inadi ha desencadenado diversas reacciones, desde acusaciones de detección de "cuevas" de compra y venta de dólares en sus instalaciones hasta denuncias de uso del organismo para perseguir a opositores políticos. Estas acusaciones añaden un matiz político al ajuste propuesto por Cúneo Libarona y plantean preguntas sobre la integridad y neutralidad de los organismos gubernamentales en Argentina.
Con 400 empleados y 43 delegaciones en todo el país, el INADI administra un presupuesto significativo de $1.150.770.524, según el Presupuesto 2023 (aún no votado para este año). Su cierre y las investigaciones en curso generan incertidumbre sobre el futuro de otros organismos gubernamentales y la efectividad de las medidas de ajuste propuestas por el Ministerio de Justicia.